El organismo antifraude recurre la resolución de los tribunales económico-administrativos que dieron la razón a las sociedades investigadas frente a los inspectores.

La Agencia Tributaria no arroja la toalla en su pugna por mantener el control fiscal sobre las sociedades de inversión de capital variable –conocidas también por su acrónimo, sicav–, que son uno de los instrumentos favoritos de los grandes patrimonios para canalizar su ahorro, por su fiscalidad favorable.

Actualmente, existen algo más de tres mil de estas sociedades, que acumulan un patrimonio de 30.152 millones de euros; la creación de nuevas sociedades se ha frenado casi en seco en los últimos años, a raíz de las actuaciones de la Inspección fiscal, que cuestiona que estén cumpliendo los requisitos exigidos para disfrutar de una fiscalidad reducida. Estas sociedades tributan al 1%, mientras que otras sociedades tienen que pagar ahora el 32,5% por sus beneficios (ó el 35%, cuando comenzaron las investigaciones de Hacienda).

La presión de Hacienda sobre las sicav se plasmó en más de trescientos expedientes de la Inspección, que en muchos acabaron en actas y fueron recurridas por los contribuyentes. Y los tribunales han comenzado a pronunciarse sobre esta cuestión.

El Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) de Canarias fue el primero en pronunciarse, anulando las actuaciones de Hacienda contra las sicav. En su resolución, del pasado 28 de febrero, el tribunal sostiene que la Agencia Tributaria se extralimitó en sus funciones, y que debió contra con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), para determinar si la sociedad de que se trate cumple los requisitos para ser considerada como una sicav, y, en consecuencia, poder disfrutar de un gravamen menor. Otros TEAR tienen listas sus resoluciones sobre casos similares, y, según las fuentes consultadas, es previsible que los argumentos y el sentido del fallo sean parecidos al de Canarias.

Ello no arredra a la Agencia Tributaria, y piensa seguir dando batalla. Así, el Departamento de Inspección –competente en el caso– presentó el pasado 24 de abril recurso contra la resolución del TEAR canario. “Todavía no hay un pronunciamiento firme de los tribunales, por lo que habrá que seguir batallando para que se admita la competencia de la Agencia Tributaria para determinar los requisitos formales de tributación, y para comprobar que se cumplen”, según comentaron fuentes de la Administración fiscal.

La capacidad de la Inspección se vio limitada precisamente con una reforma legislativa aprobada en el Parlamento hace un par de años, cuando el ataque fiscal contra las sicav estaba en su máximo apogeo. Aquel cambio legal estableció el principio de que la Agencia Tributaria no podría cuestionar, por sí sola, la idoneidad de una de estas sociedades para tributar al 1%, y exigía a los inspectores elevar su petición previamente a la CNMV.

Pese a aquella reforma, la Administración fiscal quiere que se admita la validez de las actuaciones anteriores, y, según los medios consultados, está dispuesta a seguir recurriendo aunque el caso se prolongue algunos años más.
No obstante, las fuentes consultadas admitieron que la presión sobre las sicav se ha reducido, y ya no se incluyen tantas de estas sociedades en los planes anuales de inspección.